Según Infobae, se declaró de carácter complejo la causa que investiga un posible fraude en la localidad de Joaquín V. González. Hay 22 personas bajo la lupa, más de 10.000 expedientes en revisión, y ya fueron incautados aproximadamente $8 millones junto a documentación y dispositivos electrónicos. 

La Justicia Federal de Salta declaró de carácter complejo la investigación que indaga un presunto entramado de fraude en la tramitación de pensiones por discapacidad en la localidad de Joaquín V. González. La medida fue dictada por la jueza de Garantías N.º 2, Mariela Giménez, a pedido del fiscal general Carlos Martín Amad, quien conduce el expediente iniciado en mayo de 2024.

Durante los procedimientos, los investigadores decomisaron alrededor de ocho millones de pesos, junto con abundante documentación y equipos electrónicos. Según fuentes del caso, existen unos 10.000 expedientes bajo análisis que podrían estar relacionados con la maniobra, en la que ya hay 22 personas bajo la lupa judicial. La magistrada fundamentó su decisión en la amplitud de los hechos, el número de sospechosos y la gran cantidad de pruebas que requieren pericias y estudios técnicos.

El origen de la causa se remonta a febrero de este año, cuando se detectaron irregularidades similares a un esquema descubierto en 2023 en Taco Pozo, provincia del Chaco. En territorio salteño, los investigadores presumen que se habría reproducido un sistema comparable de otorgamiento indebido de beneficios. Por este motivo, se realizaron 17 allanamientos en Joaquín V. González, El Quebrachal, Talavera y la capital provincial, con la participación de más de 60 gendarmes y 20 vehículos oficiales.

En el plano judicial, la jueza rechazó el pedido de dos investigados que pretendían acceder al expediente antes de ser formalmente imputados, aunque ordenó que se informe a las defensas sobre los hechos y las personas alcanzadas. Desde el Ministerio Público Fiscal remarcaron que la declaración de “causa compleja” permitirá ampliar los plazos de la pesquisa, realizar nuevas pericias y precisar el perjuicio económico al Estado.

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