De acuerdo a Infobae, la maniobra fue detectada en el marco de los controles impulsados por el Gobierno y derivó en el pedido de elevación a juicio contra un médico y una farmacéutica por defraudación a la administración pública.

La causa se originó a partir de auditorías internas del PAMI, realizadas en el marco de los controles reforzados impulsados por la administración de Javier Milei, que permitieron detectar 636 recetas electrónicas apócrifas emitidas de manera irregular. Según informó Infobae, las órdenes falsas figuraban a nombre de 78 afiliados que no pertenecían a la cápita del médico imputado y que, en su mayoría, aseguraron no conocerlo ni haber recibido los medicamentos.

La investigación judicial, a cargo de la Justicia Federal de Rafaela, apunta contra un médico y una farmacéutica, acusados de haber montado un esquema para simular la provisión de medicamentos y generar un perjuicio económico millonario al Estado. De acuerdo con el expediente, las recetas eran cargadas desde computadoras ubicadas en la farmacia involucrada, un dato clave que surgió del cruce de direcciones IP y fue corroborado mediante allanamientos y peritajes técnicos.

Para los investigadores, la maniobra se sostenía a partir del uso indebido del sistema de recetas electrónicas: el médico habría facilitado su usuario y clave de acceso, mientras que la farmacéutica utilizaba esa información para facturar medicamentos que nunca fueron entregados a los afiliados. El dinero era luego percibido a través del circuito habitual de pagos del PAMI.

Ya con la evidencia reunida, el fiscal federal solicitó la elevación a juicio oral de la causa por el delito de defraudación contra la administración pública. El caso se inscribe en una serie de irregularidades detectadas tras el endurecimiento de los controles y auditorías dentro del organismo, una política que busca desarticular prácticas fraudulentas y garantizar que los recursos del sistema de salud lleguen efectivamente a los jubilados y pensionados.