El Poder Ejecutivo canceló la asignación presupuestaria que permitía que niños con cáncer y personas con discapacidad accediesen sin costo al sistema de transporte. Según evaluó el Gobierno, el sustento de estas compensaciones resultaba insuficiente y no era sostenible en el tiempo.

La administración enfatizó que el derecho a la gratuidad persiste como válido y puede ser reclamado, aunque desapareció el instrumento que lo financiaba efectivamente. Esta distinción entre derecho formal y mecanismo de implementación genera dudas sobre la exigibilidad real del beneficio.

Miles de beneficiarios en territorios urbanos e interurbanos utilizaban regularmente este servicio de transporte sin cargo. Para familias en situación de vulnerabilidad, la pérdida del subsidio impacta directamente en sus economías cotidianas.

Los grupos alcanzados son menores bajo tratamiento oncológico e individuos con discapacidades certificadas. Ambos venían accediendo a la gratuidad mediante documentación específica que presentaban a transportistas.

El oficialismo argumentó que las resoluciones que respaldaban las compensaciones «carecían de fundamento económico sólido». Con esta justificación, procedió a revocar el mecanismo de financiamiento directo.

Los desafíos que enfrenta el Estado son múltiples: sin presupuesto asignado, las empresas de transporte no tendrán cómo cobrar los pasajes no pagados; sin mecanismo claro, los ciudadanos se preguntarán cómo ejercer su derecho declarado como vigente.

Desde distintas carteras gubernamentales se trabaja en alternativas presupuestarias que preserven la gratuidad mediante esquemas financieros diferentes. Se aguarda que estas propuestas sean comunicadas y puestas en marcha en breve plazo. Actualmente, la situación permanece en fase de transición sin soluciones implementadas.

Imagen: KreatePix – Yuni Martin / Unsplash – Con informacion de La Nación