El presupuesto estatal cuenta con recursos suficientes para financiar infraestructuras de control de inundaciones, pero estos fondos están siendo utilizados para sostener al Tesoro Nacional en lugar de ejecutarse en su destino legal. La disponibilidad económica contrasta dramáticamente con la ausencia de obras preventivas que la ley contempla.

Un fondo específicamente diseñado para enfrentar el desafío de las inundaciones funciona actualmente como fuente de financiamiento para demandas generales del erario público. Esta redirección de recursos no obedece a limitaciones presupuestarias, sino a decisiones políticas que priorizan otras necesidades sobre la protección de zonas vulnerables a desastres hídricos.

La paradoja es evidente: sobran dineros en las cuentas estatales, pero faltan las obras en el territorio. Comunidades que enfrentan riesgos recurrentes de inundación permanecen esperando inversiones que mitiguen su exposición, mientras los fondos destinados a protegerlas se destinan a otros usos administrativos.

Este fenómeno pone en evidencia la distancia entre el marco normativo y su implementación efectiva. Aunque la legislación estableció claramente qué recursos debían utilizarse y para qué fines, la ejecución práctica nunca se alineó completamente con esa intención. La solución al problema de inundaciones requiere, entonces, no de más leyes ni más presupuesto, sino de la voluntad política de ejecutar aquello que ya está dispuesto legalmente y financieramente disponible para las poblaciones afectadas.

Imagen: Alexander Grey / Unsplash – Con informacion de Clarín Rural